Nos toma por tontos

González Pons, Doctor en Derecho Constitucional, al parecer por voluntad divina, que no por conocimiento, sigue con su “raka-raka” a cuenta de SITEL, el sistema con el que las FCSE interceptan las comunicaciones tras la preceptiva autorización judicial (algo que siempre se le olvida decir a este fénix de los ingenios).

Ahora viene con un nuevo argumento: el PP encargó dicho sistema no se usó porque era ilegal. Vamos que se gastaron 9,8 millones de euros para nada, o sí, para trajes y otros menesteres. La motivación que buscó Pons para afirmar tal idea de “ilegalidad”, es que no estaba amparado por una ley orgánica de desarrollo del derecho al secreto de las comunicaciones y del derecho a la intimidad. De nota, este hombre debería empezar la carrera de derecho de nuevo o, al menos, aclarar si obtuvo su título por regalo de algún bigotes.

La cuestión es más clara de lo que desea hacer ver González Pons en su absoluta manipulación del derecho. El artículo artículo 81.1 de la Constitución establece: “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”. Queda claro que, entonces, las disposiciones normativas que puedan suponer una restricción de dichos derechos fundamentales deben regularse con dicho tipo de norma. Ahora llega el meollo de la cuestión: ¿es SITEL un elemento de restricción de derechos fundamentales o sólo una herramienta con la que procurar dicha restricción? Es evidente que lo segundo, puesto que SITEL, por sí misma, no tiene capacidad para interceptar comunicaciones, sino que son las operadoras que que aportan a SITEL los datos y desvían las comunicaciones y éstas, sin orden judicial, nunca accederían a tal fin, y es eso lo que debe regular esa Ley Orgánica, tal y comno ocurre en la actualidad.

Por eso creo que todo este asunto se está magnificando de una forma absolutamente impropia, seguramente debido a que el PP está buscando lo mismo que logró con el famoso “caso Naseiro”, que sus relaciones con la corrupción y la financiación ilegal queden en nada, gracias a un defecto de forma, por mucho que los hechos acaecidos están ahí y puedan estar meridianamente claros.

SITEL es un sistema que es homologable al utilizado por todas las Policías europeas, y para su uso no hace falta una Ley Orgánica, que sí regulará las formas en que deben restringirse los derechos fundamentales, no entrando en cuestiones meramente técnicas ya que ello llevaría al absurdo ¿o acaso antes estaba regulado el uso de magnetófonos para esas intervenciones? Para buscar argumentos absurdos nadie mejor que González Pons.