Más de pinchazos

Algunos no escarmientan, se meten en todos los charcos sin saber y acaban de fango hasta las orejas. El señorito González Pons, amigo del de los trajes, colega del otro y empecinado en hacer subir el pan cada vez que habla, ahora tira por la calle de enmedio y se atreve a afirmar, en sus infalibilidad jurídica, que el sistema utilizado por Policía y Guardia Civil para interceptar comunicaciones, es ilegal.

A veces llego a dudar de que este hombre haya pasado algún examen de madurez, no ya de conocimiento, y que su doctorado en derecho constitucional debe ser fruto de un mal momento en alguna universidad necesitada de apoyo. Ser un manipulador como este tipo, carecer de escrúpulos como para tratar de engañar a toda la ciudadanía, con el único objetivo de hacer dudar a la misma de las instituciones del estado, es una cuestión que le inhabilita para ejercer cualquier cargo público.

Calificar de “ilegal e inconstitucional” un aparato es tanto como decir que el seiscientos es franquista. SITEL es un sistema que permite la grabación y escucha de teléfonos, pero dicha grabación y escucha no es posible sin que las compañías de telefonía desvíen esas líneas y, para eso, es evidente que éstas sólo actúan bajo el paraguas de un mandamiento judicial.

Para explicarlo en román paladino, para que se entienda, SITEL no permite que un policía diga “voy a intervenir el número 1234567″, le doy al botón y a escuchar. Afirmar eso, que es lo que hace González “manipulador” Pons, es mentir, y en muchos países la mentira en los políticos se paga con el final de su carrera política, menos en España, en donde cualquier político de tres al cuarto suelta una memez y, lejos de tratar de disculparse, nunca recordará haber dicho la misma. Si un grupo policial investiga a alguien y desea intervenir sus comunicaciones, para que el operador de telefonía acepte esa intervención que va por sus líneas y a las que nadie tiene acceso, es necesario que un juez dicte un Auto autorizando la misma, momento en el que la operadora deberá intervenir ese teléfono, a riesgo de cometer delito.

Es demasiado fácil mentir, manipular y crear sensación de estado policial falseando la realidad. El problema es que eso no tiene ninguna consecuencia legal contra quien lo hace, cuando debería ser motivo de su expulsión de la política.

En cualquier caso hay que decir que, a buen seguro, los narcotraficantes, terroristas, corruptos de todo tipo y cualquier otra clase de delincuentes deben estar muy agradecidos a González Pons por debilitar el Estado de Derecho, poniendo a pie de los caballos y en conocimiento de todos ellos, los sistemas que ese estado utiliza para combatir, dentro de la legalidad, a esos tipos de delincuentes. Lo mismo le ponen a González Pons un monumento en el patio de cualquier cárcel española, eso sí, hecho a mano por los delincuentes en agradecimiento por sus palabras.

Sr. González Pons, no todo vale en democracia para lamerle el culo a quien preside una organización regional de un partido y viste trajes regalados.