Condena

Ya tenemos condena del doloroso asunto de las identificaciones de los fallecidos en el accidente del Yak-42. Ha pasado mucho tiempo y las familias han debido sufrir más de lo razonable, teniendo en cuenta las personas que perdieron.

En la misma se afirma que Vicente Navarro es criminalmente responsable de un delito de Falsedad en Documento Oficial cometido por funcionario público y los otros dos procesados responsables del mismo tipo delictivo, en calidad de cómplices.

Al igual que el máximo responsable político de este asunto, Federico Trillo, yo me permito no compartir los razonamientos jurídicos que han llevado al Tribunal a dictar esta sentencia, y lo hago desde el convencimiento de que la misma se queda corta en pena, puesto que no hay motivo para no considerar que los condenados pudieran haber incurrido en un delito continuado de falsedad documental en aplicación de lo recogido en el artículo 74.1 del Código Penal, puesto que es evidente que los condenados, aprovechando idéntica ocasión, realizaron una pluralidad de acciones (tantas como identificaciones falsas), que ofendían a una pluralidad de sujetos e infringiendo idéntico precepto penal.

A pesar de ello, aunque no ocultando la importancia a la hora de aplicar la regla recogida en ese precepto penal para el cálculo de la pena que debe imponerse al reo, hay un detalle que me importa mucho más en este asunto: la instrucción se quedó corta y pasó de puntillas sobre lo importante, centrándose en lo accesorio.

Es posible que ahora nadie recuerde que el juez Marlaska ordenó el archivo de la causa, en una resolución digna del mejor funambulista jurídico, al no observar indicios racionales de criminalidad, siendo obligado por la Audiencia Nacional a continuar con la instrucción. Gracias al Auto de la Audiencia Nacional, Marlaska fue obligado “por mandato de la superioridad”, como él mismo recogió, a continuar con una calamitosa instrucción que ha derivado en la sentencia que se ha conocido hoy.

Tengo claro que había demasiados intereses en que el asunto quedara en nada, reservándome mi opinión sobre el instructor, y a fe que por poco lo consiguen, lo que no deja de ser indignante en un país que pretende ser considerado modélico, pero es la clase política que tenemos (alguna y habitualmente de derechas).

Todo lo actuado hasta la fecha, a la espera de que la sentencia devenga firme, debería orientarnos hacia algunas personas que han salido impunes, y no sólo penalmente, de este asunto, cuando queda meridianamente claro que, en algo que se llama responsabilidad en cascada, deberían empezar a asumir el papel que les corresponde en la actuación política más bochornosa en muchos años.

Escudarse en que no comparte la sentencia, en que la misma no es firme, eso sí que son excusas de mal pagador y, precisamente ahí, es donde Rajoy debería empezar a demostrar que es capaz de empezar a construir un partido sin los pesados lastres que heredó de  Aznar y su cinismo político. No deberían pasar más horas sin que Trillo dimita de sus cargos orgánicos en el PP y de su condición de diputado, puesto que es un personaje políticamente indigno de ostentar tan alta representación.

De nuevo, como en el caso de Camps, la actitud omisiva de Rajoy le hace convertirse en valedor de una persona que perdió su dignidad política a la vez que 62 fallecidos en un accidente, eran trasladados a España, con pleno conocimiento de que muchos de ellos no estaban plenamente identificados, algo que difícilmente podría haberse dado sin la aprobación de los superiores jerárquicos, responsables, al menos políticamente, de un desastre que ha hecho muchísimo daño a muchas personas que entregaron la vida de los suyos y que sólo merecían el debido respeto, además de todo nuestro cariño y condolencias.

Son las 17:00 horas del día 19 de mayo y Trillo sigue sin dimitir, aunque también ha perdido la poca dignidad política que le quedaba.