Sin odio y sin rencor

El Juez Tirado parece Loquillo gritando “A por ellos que son pocos y cobardes”. Este señor Juez ha tenido la ocurrencia de escribir un correo electrónico a sus compañeros en el corporativismo, en el que dice “¡A la huelga!, todos, sin miedo, sin odio, sin rencor, vamos a decirle al ciudadano la verdad. Sigo insistiendo, no estamos solos y ahora les toca a ellos. Mis hijos han dicho: ‘Papá, p’alante‘. Y su padre no va a dar ni un paso atrás“. El asunto no debería tener más importancia si no fuese porque este caballero es miembro de uno de los tres poderes del estado establecidos por la Constitución.

Pueden empezar por una huelga, pero podrían seguir con procesamientos contra todos los que se opusieran a sus reclamaciones, incluso con condenas. Aunque lo que escribo con anterioridad no deja de ser una exageración, también lo es que miembros de ese poder del estado, lo que les califica profesionalmente mejor que su condición de funcionarios, ante lo que se ha tomado como un ataque a su omnímodo poder por la actitud omisiva de uno de sus miembros, actúen con un corporativismo que les descalifica y hace que se deba poner en cuarentena la confianza que todos deberíamos tener en la justicia y quienes la imparten.

No es exagerado pensar que se ha cumplido en principio de acción-reacción por parte de los jueces, cegados por un corporativismo sin igual, ante la evidencia de que disfrutan de un poder excesivo ante los errores que cometen, como humanos que son.

Dicen que tienen una excesiva carga de trabajo que me permito poner en duda en multitud de ocasiones. No es extraño ver como señalamientos de juicios a las nueve de la mañana, se dilatan en el tiempo porque los magistrados no acuden a su hora por el importante motivo de ¡estar en casa durmiendo! De la misma forma, cualquiera puede ver a la hora a la que acuden a su trabajo y se marchan del mismo habitualmente, con honrosas excepciones. El cúmulo de circustancias que hacen que la justicia funcione mal, no es en absoluto achacable a ningún gobierno, que puede tener su parte de responsabilidad. Que un juez permita que un procedimiento prescriba, que una prisión provisonal duerma en un cajón hasta que deba poner en libertad a un delincuente, presunto o confeso, que una sentencia no se ejecute y tenga luctuosas consecuencias, que se otorguen permisos penitenciarios contra la opinión de juntas de tratamiento, que se denieguen autorizaciones muy bien fundamentadas a las FCSE por razones peregrinas, impidiendo que se pueda perseguir un delito o apresar a un delincuente y multitud de cuestiones más, no es un problema político, es un problema judicial que tenemos enquistado en España. Los que trabajamos diariamente con los jueces sabemos de lo que hablamos, conocemos lo que sufrimos por hacer nuestro trabajo y las trabas que se nos ponen por intentar hacerlo bien.

Todos los sectores que fueron inoculados con el veneno del franquismo han tenido una reconversión democrática, pasó con el poder político, con el económico, con el militar, pero no así con el judicial, investido aun de un poder tan absoluto que, igual que es positivo para impartir justicia cuando se usa de forma racional, es negativo cuando se utiliza como arma arrojadiza contra otro de los poderes del estado.

Algún gobierno debería tomar en consideración ese reciclaje del Poder Judicial y su actualización y armonización con los modelos que imperan en países democráticos. En España tenemos una Ley Procesal Penal que no es antigua, es jurásica, por poner un ejemplo, pero es que nuestros jueces siguen actuando como si del momento en que se dictó esa ley estuviesen hablando.

Lanzar un órdago al poder ejecutivo e, incluso, al legislativo, por su intención de introducir reformas legislativas que les afectan muy directamente y les recortan parte de los poderes que ostentan, trufado con otras reivindicaciones cuya legitimidad es opinable, puesto que no debemos olvidar que son los funcionarios públicos a los que mejor se les ha tratado retributivamente en los últimos años, es una forma de iniciar una confrontación de la que sólo saldrá perjudicado el ciudadano, puesto que los conflictos del poder judicial son tomados por aquéllos como una lucha por mantener privilegios.

Lo que tiene bemoles es que un juez que permitió a un delincuente como Santiago del Valle permanecer en libertad por “olvidarse” de cumplir con su deber (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), se atreva a afirmar que “ahora les toca a ellos”. Me gustaría que fuse más explícito y aclarara qué es lo que les toca para no llevarnos a engaños, o acabar pensando que es jugador de chicas.